Editoriales

¿Cómo superar la pobreza? 

Por José Miguel Rueda

Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional

O dicho de otra forma ¿Cómo avanzar en la protección de los derechos sociales en Colombia? Esta quizás sea el gran interrogante que todo candidato presidencial debería poder responder con soltura. Lo cierto es que el Ejecutivo históricamente ha sido incapaz de articular una respuesta integral o cuando lo ha intentado, son los actores judiciales (léase Corte Constitucional, Consejo de Estado, Tribunales y Jueces administrativos, entre otros) quienes han tomado cartas en al asunto. El problema de esta “judicialización de la política” es que los jueces deciden casos, no políticas públicas.

Los casos de interés público de Cajamarca y Marmato evidencian en materia minera esta situación. Comencemos por Cajamarca, municipio tolimense en el cual se convocó el año pasado una Consulta Popular, sobre las actividades mineras que se realizarían en esta parte del territorio nacional. A pesar de que la política minera es competencia del gobierno nacional y a través de ella busca recursos para efectuar gasto social, la alcaldía convocó esta consulta para mirar si aprobada (a pesar de que la Nación ya había dado su aval) la actividad de extracción de minerales en su territorio. Esta convocatoria fue llevada a los tribunales por las empresas mineras, donde finalmente el Tribunal Administrativo del Tolima en decisión del 4 de noviembre de 2016, encontró conforme a la Constitución y a la Ley dicha iniciativa. Luego de la consulta el proyecto minero se paralizó, pues la comunidad voto masivamente en contra de esta.

En Marmato por su parte, fue la Corte Constitucional en la Sentencia SU 133 de 2017 (resultado de una Tutela interpuesta por algunos pobladores), quien amparo los derechos fundamentales a la participación de los habitantes de este municipio caldense. En este fallo la Corte fue más allá, y estableció unos parámetros para la realización de la participación en la discusión sobre si se realizaban o no actividades mineras en el territorio. Mismo escenario, el gobierno nacional y sus distintas entidades ya habían dado el aval, sin embargo, el proyecto minero fue bloqueado.

Estos dos casos muestran como los jueces toman cada vez más un rol activo, frente a la formulación de las diferentes políticas del ejecutivo, inclusive bloqueándolas. En este sentido la judicialización impide que el Ejecutivo logré resolver las preguntas de fondo, con las que inicié este escrito. No desconozco las discusiones sobre las graves afectaciones a la salud y al medio ambiente que puede generar la minería mal realizada, pero y a pesar de lo positivo que puede ser la profundización de la participación democrática a nivel territorial, debo señalar lo catastrófico que resulta para el Estado este tipo de decisiones.

Si se paraliza la política minera se cierra una importante fuente de financiación para el Estado, circunstancia que impide cualquier avance en inversión social (educación, salud, vivienda…) que realmente reduzca sustancialmente los índices de pobreza. Solo en el corto plazo, estas decisiones judiciales pueden ser catalogadas como enormes victorias que garantizan derechos de las comunidades. No obstante, a largo plazo, sino es la minería ¿cómo obtener los recursos para garantizar realmente los derechos sociales? ¿cómo reducir la pobreza? ¿cuál será la política de Estado en esta materia? Son preguntas que los jueces dentro de la inmediatez del fallo no pueden y no deben contestar, peros sí evitan que el Ejecutivo intente responderlas. Estas preguntas por lo pronto, seguirán sin respuesta.  

 

Activismo Judicial en la   definición de   Políticas   Públicas.

 

Por: Mauricio Antonio Hernández Ruiz

Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional

 

Bajo la lógica de la antigua teoría de tridivision de poderes, las tres ramas del poder público  ejercen sus funciones en el marco delimitado constitucionalmente, no obstante en la actualidad parece revaluada esta postura, pues cada vez es más común ver como una u otra participan activamente en determinadas acciones propias de la otra, es aquí donde surge la inquietud de ¿Si las altas cortes y en especial la Corte Constitucional participa o no en la definición de Políticas Públicas?, siendo esta función estructuralmente exclusiva del resorte del ejecutivo  y legislativo.

Para responder este complejo pero interesante interrogante, abordare dos perspectivas, una relacionada con el papel preponderante que ha asumido la Corte Constitucional desde su origen, esto es, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, y dos a partir del análisis de un caso particular, específicamente de la Sentencia de Tutela T-724 de 2003 proferida por la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional como tribunal especializado encargado de velar por la integridad y supremacía de la Constitución, no se ha limitado al estricto ejercicio del control abstracto de normas, sino que en casos concretos por vía de revisión de tutelas, ha procurado un alto  reconocimiento y por tanto, efectiva materialización de los derechos inclusive de naturaleza social, experimentando en sus providencias una especie de intervencionismo resolutivo de la tensión producida  entre el neoliberalismo y la protección de los derechos sociales; lo cual ante la opinión pública resulta ser un aliciente a las innumerables necesidades del conglomerado social, pero quizás no tanto así en la cultura jurídica, pues dependiendo de cada caso y su contexto político, podría entenderse como una ilegitima injerencia, por tratarse de decisiones del resorte de otras ramas de origen democrático, que implican impacto y sostenibilidad fiscal.

 

El caso particular refiere que, en el año 2002 un grupo de recicladores interpuso una acción de tutela en contra de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito de Bogotá, al considerar que las prórrogas de los cuatro contratos iniciales y la nueva licitación del servicio de aseo coartaban su posibilidad de competir y trabajar, inclusive agravando las condiciones de marginalidad y discriminación social al que se ve sometido la población de recicladores.

 

Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-724 de 2003, no solo concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de los actores, sino que además previno y exhorto a la administración pública para que en casos futuros en procesos de licitación pública, se incluya  acciones de discriminación positiva o acciones afirmativas,  a  fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades.

 

Este litigio conlleva un interés público, no solo por el conglomerado social que pretende una especial protección, sino que además el debate judicial envuelve aspectos relacionados con las condiciones en que deberá desarrollarse un servicio público que tiene la connotación de derecho social y por tanto de impacto fiscal.

En este caso la Corte, pese a que amparó los derechos de los accionantes, se abstuvo de impartir orden de protección,  como quiera que al momento de proferir la sentencia se estaba en presencia de un hecho superado, sin embargo fijo de manera obligatoria mandatos que deberán  observarse para casos futuros, lo cual implica una  evidente judicialización  de la política pública, al punto de exhortar a una autoridad administrativa, como lo es el Consejo de Bogotá, para que de manera general incluya acciones afirmativas en los procesos de contratación administrativa, a favor de aquellos grupos que por sus condiciones de marginamiento y discriminación requieren de una especial protección por parte del Estado, puesto que a criterio de este alto tribunal,  la Ley 80 de 1993 no contiene ningún desarrollo del artículo 13 de la Constitución.

 

Lo anterior puede considerarse adecuado en cumplimiento de los principios y valores que edifican el estado social y democrático de derecho, no obstante, un tanto riesgoso en una eventual y total injerencia del activismo judicial en la gestión fiscal, pues no solo se desbordaría su órbita funcional, sino que además el garantismo absoluto sin límites claros, harían inviable la existencia del Estado.