Propiedad y vivienda digna

Derecho a la propiedad.

Garantía de la propiedad (todas sus modalidades) y los derechos adquiridos, de acuerdo con lo que establezca la ley civil. El derecho a la propiedad puede ser limitado mediante medidas que tengan por finalidad maximizar el interés general o asegurar la función social y ambiental de la propiedad.

El derecho a la propiedad es un derecho social y, por tanto, debe ser comprendido de acuerdo a la dimensión social de la propiedad. En el estado social de derecho el derecho a la propiedad no es un derecho-autonomía sino un derecho social cuyo ejercicio debe estar en función de la dimensión social de la persona. Por eso, la Corte Constitucional declaro inexequible el artículo 669 del Código Civil que establecía que el dominio o propiedad es un “derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente”. Para la Corte la expresión “arbitrariamente” es “inconstitucional por entender que la misma envuelve un marcado interés individualista, que no resulta compatible al amparo de una nueva Constitución” (C-595 de 1999)

Los límites o restricciones más fuertes al derecho a la propiedad son la expropiación y los impuestos. La creación de impuestas está limitada por los principios de principios de proporcionalidad y de representación (y por algunos otros criterios relacionados con el impacto económico de las medidas). Por su parte la expropiación debe reunir los siguientes requisitos:

a) Reserva de ley. La ley debe definir los motivos de utilidad pública o de interés social que justifican la expropiación.

b) La expropiación debe ser i) mediante sentencia judicial o ii) mediante decisión administrativa. Por regla general debe ser mediante sentencia judicial salvo que la ley justifique la administrativa.

c) Indemnización previa, salvo casos de guerra. Las características generales de la indemnización son: i) transforma la propiedad en un derecho de crédito; ii) no puede haber expropiación sin indemnización; iii) la indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al Estado; iv) no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo siempre que mediante la forma alternativa se garantice el pago cierto de la obligación

Además de las expropiaciones, nuestra práctica constitucional ha desarrollado lo que llamamos cuasi-expropiaciones, i.e cuando se limita la propiedad restringiendo la disposición (recuérdese que los elementos de la propiedad son uso, goce y disposición). Para tomar este tipo de medidas el legislador debe acreditar “que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho, mantengan incólume los atributos de goce, uso y explotación” (Corte Constitucional C-189 de 2006).

 

 

Vivienda digna

De conformidad con el artículo 51 de la Constitución Política “todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. El derecho a la vivienda digna, de acuerdo al artículo constitucional transcrito, es un típico derecho prestacional, i.e que requiere de la definición de políticas mediante leyes que aseguren progresivamente el derecho. Sin embargo, al igual de todos los derechos, cuando el derecho a la vivienda digna se puede considerar fundamental siempre que se acredite una conexión esencial con un derecho fundamental en estricto sentido. A manera de ejemplo, la Corte Constitucional ha definido que el derecho a la vivienda digna se puede exigir como fundamental:

• En los casos en que el ciudadano ha cumplido con requisitos para acceder a una vivienda de interés social pero no se ha producido la entrega de ésta por parte de las entidades responsables

• En los casos en que el predio entregado al actor no reunía las condiciones mínimas necesarias

• En los casos en que no hay terminación y entrega de conjunto de vivienda de interés social para población desplazada por dilaciones injustificadas

• En los casos en que, por fallas estructurales o defectos de un inmueble que podrían provocar el colapso del mismo, se amenazan derechos constitucionales como la vida o la integridad de sus habitantes

• En los casos de construcciones con peligros inminentes cuando se acredite: (i) la existencia de sujetos de especial protección inminentes que se encuentren en riesgo; (ii) la afectación del mínimo vital; (iii) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (iv) la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido.