Libertad de conciencia y de cultos

I. Libertad de conciencia.

Artículo 18:

·         garantiza la libertad conciencia

·         nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias

·         Nadie podrá ser compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

De acuerdo con la Corte Constitucional la libertad de conciencia comprende “la autonomía del individuo para discernir y apreciar el valor moral de los actos humanos y la libre observancia de sus propias convicciones; el derecho a no ser perturbado por causa de ellas, sea que se manifiesten o se mantengan bajo reserva; el derecho al silencio para no descubrir o manifestar a otros sus creencias o convicciones y el derecho a no ser obligado a actuar en contra de éstas” (t-125-94). De esta manera el derecho a la libertad de conciencia es el derecho a la autonomía referido a la formación y divulgación de las creencias y de las acciones de las personas con fundamento en tales creencias.

El problema surge cuando las autoridades pretenden imponer medidas que implican acciones que son contrarias a las sostenidas por las creencias de los individuos. A partir de esta tensión surge el derecho a la objeción de conciencia.

 

II.                Derecho a la Objeción de conciencia:

De acuerdo con la Corte Constitucional el derecho a la objeción de conciencia aparece cuando “ conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal” (C-728/09)

En síntesis el derecho a la objeción de conciencia es la facultad que tienen los individuos de negarse a realizar acciones (prestaciones físicas o económicas ) que van en contra de sus convicciones. El problema no es si los individuos deben obedecer normas inconstitucionales sino si, a pesar de ser medidas legales y constitucionales, pueden objetar la realización del acto. Las razones por las cuales los individuos pueden objetar el cumplimiento de deberes legales deben ser limitados de acuerdo a los siguientes criterios:

Se debe tratar de creencias que acrediten suficiente seriedad y que demuestren un real asunto de conciencia}

Debe referirse a creencias profundas, fijas, sinceras y externas

No puede aducirse una razón de conciencia cuando con el ejercicio de la objeción se obstaculiza el ejercicio de los derechos de terceras personas (daño a terceros)

Casos de objeción de conciencia.


  • Servicio militar:
  • Aborto
  • Educación (T-026 de 2005 actos educativos en días sagrados -T-877-99, los testigos de Jehová no pueden negarse a realizar actos patrios).
  • Juramento desacralizado  (T-547-93 y c-616-97).

Artículo  192.

Por ello no considera la Corte que la obligación de jurar impuesta o regulada por las normas sub-exámine violente las libertades antes estudiadas. Simplemente porque ella no tiene el alcance que le atribuye el demandante, en cuanto no involucra para nada las creencias, ideologías o juicios morales del juramentado. Ajena a todo significado religioso, ideológico, o moral, esa obligación no puede violentar al individuo en estos aspectos.

 “Si bien cabe pensar que en el caso de que el alcalde que va a tomar posesión sea ateo o agnóstico, esta obligación lesionaría su libertad de pensamiento, no debe olvidarse que el constituyente, en norma especial y expresa, impuso idéntica obligación al presidente de la República, sin mencionar al respecto   ningún tipo de excepciones. Luego el legislador bien podía reproducir la misma norma refiriéndola a los alcaldes, pues si bien el presidente representa la unidad nacional, el alcalde elegido popularmente representa a su comunidad en forma directa. Recordemos que, como se dijo antes, no debe soslayarse el hecho de que el constituyente de 1991 no fue un constituyente ateo, lo cual determina o impregna algunas instituciones jurídicas, como la del juramento a Dios por parte del presidente y del alcalde”.

Trabajo: T-332-04

Salud: t-471-05

 

 

III.             Libertad de cultos.

Constitución Política. Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Principio orientadores en relación con la libertad de cultos o libertad religiosa.

 

1)      Principio de laicidad.

En términos generales el principio de laicidad exige una separación entre la iglesia y el estado. La separación implica que el estado no interfiera en actividades religiosas ni que las iglesias interfieran en actividades estatales.

Sin embargo, la laicidad puede ser a) negativa o b) positiva.

a)      Laicismo o laicidad negativa. De acuerdo con esta posición, cualquier tipo de expresión religiosa le esta vedada al estado. Para quienes defienden el laicismo, la religión es vista como una amenaza para la democracia y solo respetable o tolerable como una expresión interna de cada individuo.

b)      Lacidad positiva. Sostiene que si bien debe existir una separación funcional e institucional entre estado e iglesia, pueden existir relaciones de apoyo mutuo. En todo caso la laicidad en esta posición implica que el estado respete todas las religiones, que tome partido a favor de ninguna pero que, en todo caso, desarrolle actividades y relaciones armónicas con las religiones.

2)      Principio de no-confesionalidad.

La libertad de cultos implica que el estado no puede adoptar ninguna religión oficial. Además, de acuerdo con este principio, el estado no puede justificar sus acciones o instituciones en razones de vocación religiosa.

3)      Principio de neutralidad.

El principio de neutralidad es una consecuencia del pluralismo religioso de la laicidad  y el no-confesionalismo. De acuerdo con este principio no puede tomar medidas que favorezcan a una religión sobre otras.   De acuerdo con este principio el estado: a) no puede establecer ninguna religión oficial, b) no puede identificarse con ninguna religión, c) no pude tomar medidas de adhesión a alguna religión y no puede tomar medias con vocación religiosa.

Casos constitucionales

 

C-817 2011: El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la Iglesia Católica.

El reconocimiento de la personería jurídica de Derecho Público a la Iglesia Católica, es la aceptación de una realidad jurídica, histórica y cultural que el Estado no puede desconocer, y que, en relación con su naturaleza de persona jurídica de Derecho Público Eclesiástico, no incluye a las demás iglesias y confesiones, por lo que se declarará la inexequibilidad de las expresiones "derecho público eclesiástico" del artículo 9°.

Art.2. Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnós­tico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos.

C-027/93:

utilidad pública para todos los efectos legales el Monumento del Templo Voto Nacional. “ el lugar de culto de una determinada confesión religiosa puede ser considerado por el Legislador, por muy diversas consideraciones sociales, como un monumento cultural digno de ser declarado de utilidad pública, puesto que, como se verá posteriormente, los sentimientos religiosos de la población son un interés jurídico protegido en el constitucionalismo colombiano, a pesar del carácter laico del Estado colombiano”.

Consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús.  En síntesis, la Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas. Como es obvio, lo anterior no significa que el Estado no pueda establecer relaciones de cooperación con diversas confesiones religiosas -siempre y cuando se respete la igualdad entre las mismas-, puesto que, como lo precisó el constituyente Juan Carlos Esguerra, la posibilidad de celebrar convenios con la iglesia católica "no produce un Estado confesional pues eso se ha eliminado del preámbulo", por lo cual "ninguna confesión tendrá carácter de estatal

 

 

C-152 de 2003. Ley maria.

 

C-766 de 2010 Caso “ciudad santuario”