El fundamento de los derechos.

El objetivo de esta unidad es identificar cual es el fundamento de los derechos humanos, i.e definir cuales son los principios que explican y justifican la existencia de estos derechos.

Plantearemos si existe alguna diferencia entre los derechos humanos y el derecho natural. En particular analizaremos el concepto de persona humana como concepto básico de los derechos humanos en general y las limitaciones establecidas para el caso de los derechos constitucionales.

 

Bibliografia obligatoria:

Carlos Massini, EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS: DOS MODELOS DE COMPRENSIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, Disponible en  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u8yT1wbwkk0J:www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php%3Furl%3DL0VMX0NPTkNFUFRPX0RFX0RFUkVDSE9TX0hVTUFOT1MuZG9j%26cidReset%3Dtrue%26cidReq%3D3098+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co


El derecho a la Vida en Colombia

En la primera parte del curso hemos visto algunas cuestiones acerca del fundamento y análisis de los derechos. A partir de esta semana estudiaremos algunos de los derechos constitucionales más importantes.

 

Iniciaremos con el derecho a la vida. La discusión y el taller se llevarán a cabo alrededor de la sentencia C-355 de 2006.


Descargue la Sentencia  C-355 DE 2006 haciendo click en el icono, esta documento está enfocado a los temas que se desarrollaran en clase

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Taller Personalidad Jurídica


  • La Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006:
  • Sostiene una tesis idealista o realista del fundamento de los derechos.
  • Sostiene una tesis reduccionista o anti-reduccionista de la persona.
  • Reconstruya el examen de proporcionalidad de la Corte Constitucional.
  • Sandra es una orangután de 30 años que vive en un zoológico de una ciudad en Colombia. En los últimos años Sandra ha presentado diferentes problemas de salud asociados con la soledad (es la única de su especie en el Zoológico). Unos ciudadanos solicitaron al zoológico que se les permitiera (bajo su costo) llevar a Sandra a una reserva ambiental en África. El zoológico negó dicha solitud. Los ciudadanos demandaron al zoológico alegando el derecho a la prohibición de la tortura, la integridad y la libertad de Sandra. El juzgado de primera instancia reconoció que Sandra que ha pasado los últimos años en un zoológico en condiciones indignas y que, al es un ser con sentimientos, se le debería otorgar una mayor libertad. Por ello ordenó que se accediera a las pretensiones de los ciudadanos.
  • Estudie la estructura del derecho en las siguientes reglas:

 

Regla 1: La Corte definió que la protección absoluta del no-nacido constituye una intervención desproporcionada en los derechos de la mujer gestante, toda vez que las medidas orientadas a proteger el valor de la vida del nasciturus no pueden atentar contra los derechos de la mujer gestante en los siguientes casos: (i) Cuando exista un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos casos resulta desproporcionado exigir que la vida de la mujer – ya formada – ceda ante la vida del feto – apenas en formación – toda vez que si la sanción penal del aborto se funda en el presupuesto de la preeminencia del bien jurídico de la vida en gestación sobre otros bienes constitucionales en juego, en esta hipótesis concreta no hay ni siquiera equivalencia entre el derecho no sólo a la vida, sino también a la salud propia de la gestante respecto de la salvaguarda del embrión. (ii) Cuando existan malformaciones del feto. En estos casos el deber estatal de proteger la vida del nasciturus pierde peso por estarse ante la situación de una vida inviable y los derechos de la mujer prevalecen, por lo que el legislador no pueda obligarla, por medio de la sanción penal, a llevar a término el embarazo de un feto que, según certificación médica, se encuentra en condiciones de inviabilidad. Resulta desproporcional la exigencia de, bajo sanción penal, soportar la carga de un embarazo y luego la pérdida de la vida del ser que por su grave malformación es inviable. El único requisito para solicitar la interrupción del embarazo consiste en aportar certificación de una persona profesional de la medicina en la que se determine “la existencia real de estas hipótesis”. (iii) En los casos de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o incesto, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Regla 2: En la sentencia T-988/07, la Corte estableció que una entidad promotora de salud viola los derechos fundamentales a la dignidad y al amparo especial conferido a las personas con discapacidad de una joven que fue víctima de abuso carnal abusivo y cuya discapacidad era un hecho notorio, cuando se niega a interrumpir el embarazo de manera pronta y urgente , aduciendo la inexistencia de un proceso de interdicción por incapacidad, porque: (i) debido a las circunstancias específicas del caso y la discapacidad severa tanto psíquica como físicamente que presentaba la joven, se deduce que no estaba en la capacidad de impedir o resistir el acto sexual del que fue víctima y de exteriorizar de forma libre y directa su consentimiento; (ii) existe una violación a los parámetros y requisitos exigidos por la C-355/06, la cual solamente exige la denuncia penal para que el proceso de interrupción del embarazo sea adelantado; (iii) teniendo en cuenta la discapacidad psíquica y mental que padecía la joven, al negarle la EPS (la aseguradora de salud) la interrupción del embarazo ésta fue desprotegida, colocándola  en una situación  de absoluta indefensión y sufrimientos adicionales (Corte Constitucional Colombiana, 2007). 

 

Regla 3: En la sentencia T-209/08 se estableció que los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras del servicio de salud no pueden presentar objeción de conciencia de manera colectiva para practicar una interrupción voluntaria del embarazo porque: (i) aunque los profesionales de la salud tienen derecho a presentar objeción de conciencia, no pueden extralimitarse y abusar del mismo impidiendo la práctica del procedimiento de manera colectiva, puesto que este es una decisión que se ejerce de manera individual y no institucional o colectiva; (i) todas las instituciones prestadoras del servicio de salud debe contar con profesionales dispuestos a practicar este tipo de procedimientos para que así no vulneren los derechos fundamentales de las mujeres.

 

Regla 4: En la sentencia T-946/08 se definió que las instituciones de salud violan los derechos fundamentales de una menor de edad con discapacidad a la entidad promotora de salud, cuando no se autoriza ni se practica de manera oportuna la interrupción voluntaria del embarazo, ni se tutela la protección de sus derechos, en tanto sólo se requiere la presentación de la denuncia penal para que se proceda a realizar el aborto de manera inmediata.

 

Regla 4.1: En la misma sentencia se definió que un juez de tutela no puede negar el amparo constitucional de los derechos fundamentales de una menor de edad que a través de su representante legal solicita la interrupción voluntaria del embarazo argumentado el avanzado estado de gestación, porque no es competencia del juez entrar a valorar o estudiar la oportunidad para realizar la intervención, solamente debe entrar analizar si el caso cumple con las circunstancias previstas por la sentencia C-355/06, so pena de incurrir en el delito en el delito de prevaricato. 

 

Regla 5: En la sentencia T-388/09 se definió que las instituciones de salud no pueden exigir como condición para practicar un aborto permitido de acuerdo a la sentencia C-355/06 la conformación de una junta médica. Tampoco el médico tratante puede requerir autorización judicial para practicar la interrupción del embarazo, sin violar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

Regla 6: En la sentencia T-636/11 se definió que un especialista de la salud no puede solicitar una orden judicial para efectuar la intervención quirúrgica de interrupción voluntaria del embarazo cuando existan malformaciones graves en el feto que hicieran inviable su vida, porque: (i) no se requiere orden judicial para practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Para el presente caso la determinación de interrumpir el embarazo corresponde específicamente a los profesionales de la medicina quienes son los encargados de establecer la existencia de malformaciones y su gravedad; (ii) exigir orden judicial para adelantar el procedimiento es una conducta contraria a los lineamientos jurídicos ya establecidos por la sentencia C-355/06.

 

Regla 6.1: En la misma decisión, la Corte estableció que no corresponde a los jueces de tutela o a las instituciones de salud calificar al aborto después de los seis meses como un homicidio, pues representa una intromisión en el ámbito penal: (i) los jueces penales son los únicos facultados para indicar cuándo se está frente a un homicidio; (ii) los médicos son los únicos que pueden establecer cuándo es viable realizar la intervención.