Derecho a la vida en la constitución colombiana. 

El derecho a la vida es reconocido en los artículos  11 de la Constitución[1] y 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos[2]. De acuerdo con el primero se garantiza el principio de inviolabilidad de la vida de la persona humana y la prohibición de la pena de muerte. De la misma forma el artículo 4º de la Convención establece el principio de inviolabilidad y, aunque no prohíbe de forma general la pena de muerte establece una serie de restricciones para ello.

La Corte Constitucional ha definido que el derecho a la vida no protege solamente el hecho físico o biológico de la existencia sino una serie de bienes básicos en relación con la vida laboral, familiar[3], social y política, la obligación de proteger la vida digna y la estrecha relación del derecho a la vida con la salud de las personas[4].

Por su parte, la Corte IDH, respecto del deber general de los Estados respecto del derecho a la vida ha dicho:

“no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción”[5]

En este apartado se ve como la Corte IDH recibe la tesis de las dimensiones de los deberes estatales respecto de los derechos humanos por parte del Estado: respeto (no privar arbitrariamente la vida), protección (proteger y preservar el derecho a la vida de las personas) y garantía ("adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna").

• C-133 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell) ¿Puede el legislador penalizar el aborto sin violar el derecho a decidir libremente el número de hijos y el de libertad de cultos?
  
• La Constitución protege la vida más allá del concepto legal de persona natural
  
• Con la concepción se genera un nuevo ser autónomo, cuyo desarrollo no puede quedar al arbitrio de la madre embarazada.
  
• El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos (42), debe ser entendido en el sentido de que la pareja puede ejercer este derecho sólo hasta antes del momento de la concepción
  
• No es posible  bajo el amparo de las libertades de conciencia y de cultos, realizar conductas que tiendan a eliminar la vida humana durante el proceso de su gestación.
  
• C-013-1997 (M.P José Gregorio Hernández)  ¿Puede el Estado penalizar el aborto en el caso de acceso carnal violento sin violar la dignidad de la mujer?
  
• La mujer no tiene derechos contra el naciturus como ser autónomo, titular del derecho a la vida.
  
• Inviolabilidad absoluta del derecho a la vida
  
• Encíclica “Humane Vitae” del Papa Pablo VI: el dominio de la vida no puede dejarse al arbitrio del hombre, y manifestó que “desde la formación del cigoto hay vida” y que la “naturaleza humana no se adquiere de un momento a otro mediante la ruptura del cordón umbilical sino que acompaña al fruto de la concepción desde el principio” por lo que “desde la fecundación, fue y sigue siendo digna de respeto y tutela jurídica”.
  
• C-355 de 2006. (MP Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas),
  
• La protección absoluta del naciturus constituye una intervención desproporcionada en los derechos de la mujer gestante..
  
• El  ordenamiento jurídico, si bien otorga protección al nasciturus, no puede hacerlo “en el mismo grado e intensidad que a la persona humana”.
  
• El legislador dentro de su libertad configurativa en materia punitiva tiene límites en los derechos fundamentales y particularmente, para la punición del aborto,  en la dignidad humana,  el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la vida y la integridad de las personas.
  
• Es desproporcionada la decisión de otorgar amparo absoluto al valor de la vida del nasciturus hasta el punto de penalizar el aborto en caso de conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, así como de incesto, o cuando está en peligro la vida y la salud integral de la mujer gestante.
  
• La protección absoluta del naciturus constituye una intervención desproporcionada en los derechos de la mujer gestante, toda vez que las medidas orientadas a proteger el valor de la vida del nasciturus no pueden atentar contra los derechos de la mujer gestante.
  

T-988-2007.

• Una EPS viola los derechos fundamentales a la dignidad y al amparo especial conferido a las personas discapacitadas de una joven que fue víctima de abuso carnal abusivo sin consentimiento y cuya discapacidad es un hecho notorio, cuando se niega a practicar de manera pronta y urgente una cirugía tendiente a interrumpir el embarazo, aduciendo la inexistencia de un proceso de interdicción por incapacidad.
  

T-209-2008

• Los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras del servicio de salud no pueden presentar objeción de conciencia de manera colectiva para practicar una interrupción voluntaria del embarazo
  
• La objeción de conciencia es un derecho individual-personal.
  
• Todas las instituciones prestadoras del servicio de salud debe contar con profesionales dispuestos a practicar este tipo de procedimientos.
  

T-946-2008

• sólo se requiere la presentación de la denuncia penal para que se proceda a realizar el aborto de manera inmediata.
  
• Un juez de tutela no puede negar el amparo constitucional de los derechos fundamentales de una menor que por medio de su representante legal solicita la interrupción voluntaria del embarazo argumentado el avanzado estado de gestación, porque no es competencia del juez entrar a valorar o estudiar la oportunidad para realizar la intervención, solamente debe entrar analizar si el caso cumple con las circunstancias previstas por la sentencia C-355 de 2006, so pena de incurrir en el delito en el delito de prevaricato.
  

T-388 de 2009

• Las instituciones de salud no pueden exigir como condición para practicar un aborto en las condiciones establecidas en la sentencia C-355-2006 conformar una junta médica para autorizar la intervención.
  
• El médico tratante no puede exigir autorización judicial
  

T-636 de 2011

• No se requiere orden judicial para practicar una interrupción voluntaria del embarazo.
  
• Exigir orden judicial para adelantar el procedimiento es una conducta que va en contra de los lineamientos jurídicos ya establecidos por la sentencia  C-355 de 2006.
  
• No corresponde a los jueces de tutela o a las instituciones de salud calificar al aborto después de los seis meses como un homicidio.
  

• Autonomía moral
  
• “frente a los enfermos terminales que experimentan inmensos sufrimientos el deber estatal de protección  cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir dignamente
  
• Ley de muerte digna.
  

[1] http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/constitucion-y-sus-reformas

[2] http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[3] Véase, por ejemplo, un caso reciente en el que la Corte Constitucional que una EPS vulneraba el derecho a la vida digna cuando niega transporte a pacientes o a sus acompañantes http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-067-12.htm

[4] De las cientos de decisiones que reconocen esta relación véase http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-408-13.htm En todo caso más adelante en el curso retomaremos este tema cuando nos enfoquemos en el derecho a la salud.

[5] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf