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Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo.
Elie Wiesel.

​

NO MUY FELIZ CUMPLEAÑOS.

 

La comunidad internacional pone la lupa ante la sistemática violación de DD. HH registrados en Colombia. 

​

Nicolas Enrique Guzman Cartagena*

A propósito de los cuarenta y dos años de funcionamiento dentro del sistema jurídico sur continental y haciendo uso de las clases de historia del derecho constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia fue ratificada por la Ley 16 de 1972 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, es de recordar que sus decisiones y recomendaciones resultan ser de carácter vinculante tal como lo recuerda la Sentencia T-564 de 2016 de la Corte Constitucional [1].

 

En ese orden de ideas, es de recordar la visita de trabajo que sostuvieron agentes de tal organización con el fin de observar y verificar la situación de las personas que día a día libran una batalla contra las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. En aquella visita realizada durante los últimos días del mes de noviembre del año 2018, hubo reuniones y mesas funcionales con los más altos mandos del Gobierno Nacional entre ellos el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, también hubo presencia activa y participativa de líderes, lideresas sociales y civiles, autoridades indígenas y organizaciones de derechos humanos (Americanos, 2019).

 

Uno de los ejes principales de esta masiva reunión fue la de verificar el estado actual de seguridad de aquellos lideres civiles, comunales y sociales que sistemáticamente han venido sufriendo ataques indiscriminados contra su vida e intimidaciones por cualquier vía incluyendo la muerte.

 

Al respecto de lo anterior, en la mayoría de los casos, este fenómeno se debe en gran proporción a la firma de los acuerdos de paz logrado por el gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC. Según informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en Colombia “entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de junio de 2018, fueron asesinados 734 personas con roles de defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas ambientales (INDEPAZ, 2019)”, es de resaltar conforme con lo mencionado, que las regiones que más se han visto afectado con esta sistemática violencia son los departamentos del Cauca y Antioquia respectivamente, sumando entre ambos 258 muertes comprendidas entre los años 2016 al 2019.

 

Del mismo modo, los departamentos de, Choco, Córdoba, Norte de Santander Valle de Cauca, Putumayo y Nariño presentan otra desalentadora cifra de muertos a causa del posconflicto y el mal manejo a la implementación de los Acuerdos de Paz, cometidos por grupos de disidencia de las Farc, bandas criminales o grupos paramilitares que buscan el control de la zona para el desarrollo de actividades ilícitas.

 

Dentro de este contexto, una de las discrepancias entre la Comisión y el Gobierno Nacional se produjo respecto de las cifras manejadas, por un lado, el Estado colombiano hace referencia a 213 casos de homicidios de lideres y defensores de derechos humanos frente a los 360 registrados y mencionados en la audiencia pública sobre denuncias de impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de los derechos humanos en Colombia llevada a cabo en el Periodo de Sesiones No. 170 [2].

 

Según el artículo publicado por la cadena de noticias jurídicas Asuntos Legales el pasado 9 de mayo y basando en el informe trimestral de Indepaz, en lo que va corrido del presente 2020, la cifra de líderes, lideresas, defensores de los derechos y activistas asesinados asciende a 95.

 

Así las cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano y la sociedad civil tienen el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, por lo tanto dentro del conflicto interno evidenciado resulta necesario redoblar los esfuerzos para contrarrestar el abuso y violación de todos y cada uno de los derechos humanos de aquellos que promulgan el respeto por la vida, la reconciliación, la verdad, la justicia y la no repetición como pilar fundamental de una paz estable y duradera, de igual forma es necesario que el gobierno tome y adopte medidas políticas y jurídicas definitivas para la prevención de los actos que atenten contra la integridad de aquellos actores no combatientes, de igual forma se hace necesaria una mirada integral a la aplicación de las normas penales para aquellos que cercenan la vida quienes pretenden una Colombia más equitativa, equilibrada y justa como lo son los lideres defensores de derechos humanos y por último pero no menos importante, se requiere el fortalecimiento de las mesas de dialogo junto con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Garantías y la Mesa Nacional de Victimas de la mano de los gobiernos tanto locales como departamentales.

 

*El autor es Abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, Especialista en Derecho Constitucional y Magister en Derecho Público de la Universidad del Norte de Barranquilla, Abogado litigante y asesor.

 

[1] C. Const. Sent. T-564, oct. 18/16. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=6TeBGs2Xkd0&list=PL5QlapyOGhXvwUE7_o7ptZEAD7QVPxWDo

 

Otras Referencias

 

Este es un espacio académico, estamos buscando contribuir con la situación actual. Por esta razón abrimos el siguiente espacio para que nos hagan llegar las dudas que generen los informes presentados. Así mismo, nos encontramos dispuestos  a verificar cualquier dato o  información que se considere necesario.

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