Los casos de interés público de Cajamarca y Marmato evidencian en materia minera esta situación. Comencemos por Cajamarca, municipio tolimense en el cual se convocó el año pasado una Consulta Popular, sobre las actividades mineras que se realizarían en esta parte del territorio nacional. A pesar de que la política minera es competencia del gobierno nacional y a través de ella busca recursos para efectuar gasto social, la alcaldía convocó esta consulta para mirar si aprobada (a pesar de que la Nación ya había dado su aval) la actividad de extracción de minerales en su territorio. Esta convocatoria fue llevada a los tribunales por las empresas mineras, donde finalmente el Tribunal Administrativo del Tolima en decisión del 4 de noviembre de 2016, encontró conforme a la Constitución y a la Ley dicha iniciativa. Luego de la consulta el proyecto minero se paralizó, pues la comunidad voto masivamente en contra de esta.

 

En Marmato por su parte, fue la Corte Constitucional en la Sentencia SU 133 de 2017 (resultado de una Tutela interpuesta por algunos pobladores), quien amparo los derechos fundamentales a la participación de los habitantes de este municipio caldense. En este fallo la Corte fue más allá, y estableció unos parámetros para la realización de la participación en la discusión sobre si se realizaban o no actividades mineras en el territorio. Mismo escenario, el gobierno nacional y sus distintas entidades ya habían dado el aval, sin embargo, el proyecto minero fue bloqueado.

 

Estos dos casos muestran como los jueces toman cada vez más un rol activo, frente a la formulación de las diferentes políticas del ejecutivo, inclusive bloqueándolas. En este sentido la judicialización impide que el Ejecutivo logré resolver las preguntas de fondo, con las que inicié este escrito. No desconozco las discusiones sobre las graves afectaciones a la salud y al medio ambiente que puede generar la minería mal realizada, pero y a pesar de lo positivo que puede ser la profundización de la participación democrática a nivel territorial, debo señalar lo catastrófico que resulta para el Estado este tipo de decisiones.

 

Si se paraliza la política minera se cierra una importante fuente de financiación para el Estado, circunstancia que impide cualquier avance en inversión social (educación, salud, vivienda…) que realmente reduzca sustancialmente los índices de pobreza. Solo en el corto plazo, estas decisiones judiciales pueden ser catalogadas como enormes victorias que garantizan derechos de las comunidades. No obstante, a largo plazo, sino es la minería ¿cómo obtener los recursos para garantizar realmente los derechos sociales? ¿Cómo reducir la pobreza? ¿Cuál será la política de Estado en esta materia? Son preguntas que los jueces dentro de la inmediatez del fallo no pueden y no deben contestar, peros sí evitan que el Ejecutivo intente responderlas. Estas preguntas por lo pronto, seguirán sin respuesta. 

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*Estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional.